El riesgo de salud es fuerte y representa un problema multifactorial que requiere urgentemente de atención integral y educación

México enfrenta uno de los índices más altos de embarazo adolescente en América Latina, lo que representa un desafío multisectorial que impacta a la salud pública y al desarrollo social del país.

“A pesar de que México cuenta con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, que plantea reducir estos índices de embarazo en menores de 19 años en un 30% para 2030, se deben redoblar esfuerzos para cumplir la meta ante los obstáculos que persisten en la implementación de políticas públicas que reafirmen la educación integral de la sexualidad y el acceso a métodos anticonceptivos”, advirtió Paula Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem.

Añadió que se requieren más recursos, ejecución, coordinación comunitaria y la necesidad de incorporar la educación sexual en las escuelas sin prejuicios o miedo a que los jóvenes se corrompan, puntualiza Rivera Nuñez.

Anualmente en el país se reportan 77 nacimientos por cada mil adolescentes de entre 15 y 19 años, lo que representa que México ocupe el primer lugar en embarazos adolescentes entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que otros países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica, el promedio es de 60 nacimientos por cada mil adolescentes de ese rango de edad.

Rivera Núñez dijo que los riesgos del embarazo adolescente son multifactoriales y afectan distintas esferas de la vida de las jóvenes madres y sus bebés.

“Podemos dividir los riesgos como socioeconómicos, de salud mental, biológicos y relacionados con el feto o recién nacido. El embarazo en adolescentes no es solo un problema de salud, sino también una consecuencia de condiciones sociales, psicológicas y culturales complejas que debemos atender integralmente,” explica Rivera.

Principales riesgos del embarazo adolescente

De acuerdo con la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), en más del 70% de los casos de embarazos adolescentes, puede haber complicaciones como hemorragias, infecciones, preeclampsia y eclampsia que, en algunos casos, requieren procedimientos como cesáreas de emergencia, así como atención al bebé.

Uno de los principales riesgos es que muchas adolescentes embarazadas viven en contextos de vulnerabilidad con niveles bajos de escolaridad, violencia familiar, abandono o abuso. Estas condiciones limitan sus oportunidades y perpetúan el ciclo de pobreza.

Además, el cuerpo de una adolescente resulta inmaduro para sostener un embarazo lo que conlleva complicaciones como parto prematuro, abortos espontáneos, hipertensión, diabetes gestacional, restricción del crecimiento fetal y mayor índice de cesáreas.

“Evidentemente no hay una preparación para la maternidad, no hay una madurez en los sistemas neurofisiológicos, entonces tenemos cuerpos que desde el punto de vista mental y emocional tampoco están preparados ni maduros”, advirtió.  

Es así que, según Rivera Núñez, esto puede implicar además una mayor probabilidad de aborto o embarazos con patologías, accidentes obstétricos, traumas del canal de parto vaginal, desgarres y complejidad de la parte urogenital.

Avances y retos en políticas públicas

Paula Rita Rivera enfatiza que la prevención es fundamental. “Es indispensable promover una educación integral de la sexualidad, la disponibilidad de métodos anticonceptivos, y acceso a información confiable”.

La falta de educación y acceso a servicios lleva a que muchas jóvenes busquen información en redes sociales, donde no siempre reciben un apoyo adecuado.

También hace un llamado a romper tabúes y aprovechar las plataformas digitales para informar de forma abierta, sin morbo ni pudor, para que la prevención llegue a donde más se necesita, especialmente en comunidades indígenas y grupos vulnerables.

“Somos el país líder en embarazos adolescentes que no abortan, y tristemente también hay muchos casos de bebés abandonados en la calle. Esto refleja fallas graves en el sistema de salud y en la oferta de servicios de apoyo, como aborto seguro, adopción o anticoncepción postevento”, lamentó.

Es por ello que exhortó a las autoridades a incrementar la inversión en educación integral en sexualidad y salud reproductiva, misma que no es solo una responsabilidad pública, sino “una inversión directa en el bienestar de la sociedad en general”, concluyó la especialista de Telefem, organización sin fines de lucro que da asesoría y acompañamiento a mujeres y personas gestantes sobre la interrupción legal del embarazo y las conecta con orientación médica para que puedan realizar un proceso de ILE seguro, confiable, empático, libre de prejuicios y estigmas. Para mayor información https://telefem.org/.